A través de un fallo, la Corte Constitucional el pasado 11 de octubre, establece que las consultas populares ya no pueden prohibir o decidir sobre las actividades extractivas como minería y petróleo en las regiones.
Bajo los argumentos de que los intereses de los territorios no pueden imponerse sobre los de la Nación y que los mecanismos de participación no siempre han sido los más efectivos para que las comunidades puedan hacer escuchar sus peticiones y exigencias frente a los proyectos extractivos, la Corte se ha mantenido firme en su decisión.
Sin embargo, las consultas populares se siguen llevando a cabo con la intención de dar a conocer la situación y opinión de las comunidades desde su territorio.
Por otro lado, los líderes de los gremios mineros y petroleros que han apoyado el fallo de la Corte, sostienen que es favorecedor dar vía libre a la inversión en los proyectos del sector y se garantiza la seguridad jurídica de los mismos,reiterando la propiedad del subsuelo en cabeza del Estado y su competencia en el aprovechamiento de los recursos.
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