El ente de control asegura que al país le hacen falta estudios técnicos, seguridad jurídica y fortaleza institucional. Señala que implementar en este momento esta técnica puede ser catastrófico e irreversible por los altos impactos sociales y ambientales que generaría.
De forma vehemente el ex contralor Edgardo Maya Villazón le solicitó al Gobierno Nacional en agosto del año pasado, antes de terminar su periodo, una moratoria en la aplicación del fracking al considerar que el país no contaba con la fortaleza institucional ni los estudios necesarios para implementarlo.
Siete meses después esta iniciativa vuelve a tomar fuerza, tras la publicación de un estudio, compuesto por 202 páginas, en el que la Contraloría General de la República señala que el Estado no está preparado para establecer esta técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales.
El informe advierte, entre otras cosas, sobre las posibles afectaciones que traería el fracking a las fuentes de agua subterránea, al igual que la probable disminución del recurso hídrico superficial, los derrames o fugas de fluidos que podrían producirse, los riesgos en el manejo y disposición de las aguas de producción, y los efectos colaterales que esta técnica generaría como, por ejemplo, el aumento de la sismicidad y la contaminación por cuenta del inadecuado manejo en el transporte, almacenamiento y uso de sustancias peligrosas (químicos, lodos, aceites, fluidos) empleados para fracturación hidráulica.
El estudio también resalta la incertidumbre jurídica existente en el país para regular el fracking, pues a la fecha existen 16 normas relacionadas con la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, cada una atendiendo diferentes factores. Existen, por ejemplo, 14 que abordan el componente técnico-ambiental y dos en el componente administrativo. Esta falta de articulación y unidad de criterios podrían, a futuro, convertirse en un problema para ejecutar el control sobre esta actividad, por eso para la Contraloría es inconcebible que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) haya adjudicado varios bloques de exploración y explotación de fracking sin que aún el Estado cuente con un marco regulatorio ambiental ni el conocimiento básico para definir las restricciones ecosistémicas sobre la implementación de esta técnica.
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