Informe Amazonía Saqueada muestra en un mapa más de 2.000 puntos en los que se ha identificado la actividad ilegal. Se han establecido 96 áreas naturales protegidas con presencia de minería ilícita dentro del territorio protegido o en la zona de amortiguamiento.
De todos los puntos mapeados, la mayoría se encuentra en Venezuela (1899), seguido por Brasil (321), Ecuador (68) y Perú (24), precisa el estudio elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) e InfoAmazonía, en coordinación con otras ocho instituciones latinoamericanas.
En cuanto a las áreas, Brasil está en el primer lugar con 132 seguido por Perú con 110, todas ubicadas en Madre de Dios, la región de la Amazonía que tiene la mayor degradación causada por la extracción de oro.
La diferencia entre puntos y áreas consiste en que los primeros no tienen límites precisos en las imágenes satelitales, pero se identifica la actividad ilegal. En cambio las áreas si tienen contornos definidos de tal manera que se puede ver su extensión desde el aire, explica Julia Jacomini, investigadora de la RAISG. “Estas precisiones han sido importantes para el mapa, pero en el campo, todas son zonas de minería ilegal”.
Por primera vez, Latinoamérica cuenta con una plataforma regional sobre este problema. El mapa interactivo permite conocer la ubicación exacta de cada uno de los más de 2.000 puntos identificados y saber qué tipo de mineral se extrae de este lugar, si ya ha sido cerrado, si aún está activo y qué maquinarias o insumos se utilizan, entre otros datos.
“Tener un mapa con todos los lugares identificados de minería ilegal en la Amazonia es una gran conquista. Por primera vez tenemos una visión panamazónica de este problema y entendemos que la minería ilegal es un problema transfronterizo”, agrega Jacomni.
Para Francisco Román, director científico del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), institución que realiza investigaciones en Madre de Dios, también “es relevante que se plantee el problema de la minería ilegal como un tema regional, una amenaza al bosque amazónico al que se debe poner mucha atención porque está creciendo muy rápido”. El investigador agrega que el avance de esta actividad ilegal va por delante de la capacidad de los Estados para reaccionar. “El estudio deja ver, entre líneas, que los reflejos de los Estados no están siendo efectivos ni certeros”, dice.
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